El patrimonialismo
veracruzano (o mejor dicho, mexicano)
El reciente escándalo mediático y político por los vídeos
difundidos por el PAN, donde “alegremente” funcionarios y ex funcionarios de
los 3 niveles de gobierno del estado mexicano, reparten favores y deciden de
manera unipersonal el uso de fondos y programas públicos, pone sobre la mesa
varias cuestiones sobresalientes, de las cuales me permito diferenciar -al
menos- 2 aspectos: los estructurales y
los coyunturales.
Hasta ahora los analistas y observadores políticos,
periodistas y académicos, detractores y apologistas, se han centrado en los
temas coyunturales del asunto, y que ciertamente no son poca cosa. Sin embargo,
mi perspectiva es un poco diferente, quiero proponerle al amable lector un ángulo
distinto: el tema estructural.
El estado mexicano actual es el resultado, según mi entender,
de los acuerdos e imposiciones que resultaron del triunfo del grupo sonorense,
cuyos máximos representantes fueron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, así
como de los ajustes que realizó a este modelo Lázaro Cárdenas; los 3
revolucionarios exitosos y luego presidentes de la república, o sea, jefes del
estado nacional.
Para bien o para mal, los pilares que fueron y han sido el
cimiento de la estructura política de nuestro país, han sido: el clientelismo,
el compadrazgo, el caciquismo, el amiguismo, el corporativismo, todas ellas
aceitadas por la corrupción galopante que lubrica todas esas maneras de hacer
política. A manera de ejemplo, todos recordamos la frase atribuida a Obregón
“nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”. Claro que ahora esa suma varía de
acuerdo con el tipo de favores a la
nación, aunque así sigue vigente.
A mi juicio, este conjunto de cosas encuadra en la definición
del patrimonialismo que, siguiendo a Max Weber, podría sintetizarse diciendo
que es una forma de ejercer el poder donde el soberano es visto como el señor
que dispensa su favor y su gracia al pueblo; los puestos públicos no son
asignados por capacidad y competencia sino por lealtad y simpatía; no hay una
formación estricta y regulada de los funcionarios sino una nominación que
obedece a la conveniencia de quien posee la autoridad; la actividad de dichos
funcionarios con frecuencia se extiende más allá de lo que les está expresamente
señalado; el desempeño de los cargos se remunera sobre todo por el usufructo
que de ellos se pueda hacer; se obedece más a la disposición individual del
gobernante que a leyes fijas y establecidas. Es decir, para Weber el
patrimonialismo tradicional es el dominio que un príncipe o señor ejerce sobre
las masas de sometidos y súbditos mediante un aparato burocrático integrado por
favoritos fieles el soberano.
Y si el amable lector recuerda, o bien quiere revisar de
nuevo las grabaciones difundidas por el PAN donde los funcionarios y
exfuncionarios priistas acuerdan y deciden como ganar el siguiente proceso
electoral en Veracruz, tendrá a bien concordar con un servidor que todo lo
dicho o hecho por estos distinguidos ciudadanos
¿servidores públicos?, encuadra perfectamente es la visión weberiana del
patrimonialismo.
Claro que siguiendo el modelo de Weber, resulta obvio
resaltar que su análisis basado en la construcción de tipos ideales, nos obliga
a precisar que este tipo ideal es sólo un recurso metódico para facilitar el
análisis y comprensión de la realidad, y que al mismo tiempo este modelo
patrimonial suele convivir en mayor o menor medida con los sistemas de
dominación burocrático-legal y el carismático.
De hecho, eso vemos en nuestro país cotidianamente, por un
lado está el estado legal obligándonos o persuadiéndonos de respetar la ley
como modelo racional de comportamiento, y que también es justo reconocer impera
en la mayor parte del territorio nacional, aunque con frecuencia este modelo se
ve impregnado del patrimonialismo a la hora de las decisiones de peso.
Por ello, aun cuando existen elementos legales para proceder
en los obvios casos de corrupción del comportamiento de los funcionarios
involucrados en los vídeos del escándalo, al mismo tiempo se impone la lógica
patrimonialista del poder político para proteger a los secuaces o seguidores
del señor; en este caso del gobernador del estado.
Lo preocupante de todo esto, desde mi particular perspectiva,
no es que los implicados seguramente serán sancionados con un par de nalgadas,
en el mejor escenario, y reubicados impunemente en la estructura administrativa
del estado mexicano, sino que la clase política, los empresarios, los
intelectuales, y en general los mexicanos, no queremos o no podemos ver más
allá de las apariencias y no terminamos de entender que la edificación del
estado legal burocrático puede transformarse es un detonante histórico para el
desarrollo capitalista, al cual aspiramos desde el siglo XIX.
Y me dirán algunos ¿por qué es relevante discutir y lograr
consensos es este tema? Y mi respuesta sería que de no hacerlo, de seguir en
este camino de considerar los temas coyunturales como los únicos válidos, se
estará continuamente en un círculo vicioso del cual será imposible salir airoso.
Es por ello, que los partidos cambian en el poder y las prácticas políticas
siguen en esencia igual, únicamente cambian de logos, de color o se
especializan (se perfeccionan, para mal), pero no logramos la construcción de
la ciudadanía como tal ni del estado moderno inherente.
Desde los reformas echeverristas de los años setentas,
estamos metidos en esta dinámica, reformamos y logramos acuerdos sobre temas de
coyuntura, y no de fondo. Queremos ser modernos, ser capitalistas de primer
mundo, mas no entendemos, no modificamos ni mucho menos superamos nuestra
visión patrimonialista del quehacer político y cultural.
Por eso las críticas al escándalo veracruzano seguirán siendo
superficiales y quedaran en el olvido en el mediano plazo, ya saldrá otro tema
parea regodearnos en lo superficial y lanzar diatribas o loas (de acuerdo al
bando donde se esté).
